EL PAPEL DE CASTILLA Y LEÓN EN LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

La pasada legislatura tuvo en las reformas estatutarias uno de sus puntos álgidos. La presente comenzará intentando resolver la espinosa cuestión de la financiación autonómica. Y no pensemos que se trata de un debate ajeno a nuestras necesidades cotidianas, ya que cuando se habla de recursos económicos, todos nos jugamos la educación y sanidad, las infraestructuras, o la calidad de las prestaciones sociales que vamos a recibir.

El debate ya es una realidad, tras la aprobación de los nuevos Estatutos de Autonomía, algunas comunidades con Cataluña a la cabeza están presentando propuestas insolidarias e injustas. Los resultados son alarmantes, muy especialmente para las comunidades empobrecidas del interior, como Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura o nuestra Castilla-León. Las propuestas de Montilla y sus socios son inadmisibles para quienes desean un modelo federal, igualitario y solidario para el conjunto de España, ya que profundizan en el carácter asimétrico del Estado de las Autonomías; así, el modelo es discriminador e insolidario, no garantiza la suficiencia financiera que necesita la prestación de los servicios educativos, sociales, sanitarios y de la dotación de infraestructuras que necesitan todos los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia.

La embestida del gobierno de Cataluña, pretende que el nuevo modelo de financiación garantice por un lado que recibirán siempre al menos el 18% de las inversiones del Estado, y por otro lado que el gasto social se realice exclusivamente por población, sin tener en cuenta factores como la dispersión población, la superficie territorial, el envejecimiento o la despoblación, que encarecen enormemente la prestación de los servicios públicos. Y eso que, en el modelo actual, la dispersión pesa un 1,2% y la superficie el 4,2% solamente.

Algunos números son clarificadores. A Castilla y León se le asignaron 2.189 millones de euros en inversiones para infraestructuras en los Presupuestos Generales del Estado para 2008 (menos del 9% del total territorializado; de la parte de libre disposición por el Gobierno Central no nos suele tocar prácticamente nada); con el modelo “catalán”, que prima el porcentaje de participación en el PIB, nuestra Comunidad perdería un 36% de estas inversiones, mientras que con el modelo “andaluz” que apuesta por la población, Castilla y León vería recortadas sus inversiones estatales en un 34%. Es indignante que nuestros responsables públicos autonómicos, conocedores de estos hechos, hayan sido incapaces de articular un frente común con comunidades más beligerantes de la España Interior, como Aragón. El modelo financiero aragonés, que tienen en cuenta variables como territorio, despoblación, envejecimiento, dispersión, orografía, espacios naturales y patrimonio, aplicado a Castilla-León supondría unas inversiones equivalentes a 4.000 millones de euros ¡el doble de lo que se nos asigna actualmente!.

Son malos tiempos para la lírica en Castilla y León; sufriremos nuevos recortes en los fondos agrarios, las ayudas europeas desaparecerán, la financiación autonómica disminuirá drásticamente nuestros recursos, hemos rehusado reclamar nuestra Deuda Histórica, aceptamos pasivamente el agravio diferencial y la competencia desleal de los regímenes forales de País Vasco y Navarra, se han dotado de forma insuficiente las transferencias educativas y sanitarias. ¿Alguien cree todavía que no nos hace falta un partido castellanista fuerte en esta tierra?.

LOS RETOS DE CASTILLA ANTE EL SIGLO XXI. UNA REFLEXIÓN ANTE EL 23 DE ABRIL

Con motivo de la conmemoración del 23 de Abril, Día Nacional de Castilla, el Secretario de Organización de la formación castellanista TIERRA COMUNERA (TC) ha compartido un desayuno de trabajo en el Hotel Cordón de la capital burgalesa, en el cual ha reflexionado sobre los retos que aquejan a Castilla en el siglo XXI.

Ante las muchas cuestiones con que los castellanos tienen que lidiar en la actualidad y en el futuro más inmediato, el responsable de Organización del partido comunero, señaló cuatro grandes bloques: el desarrollo estatutario y la nueva financiación autonómica por un lado, en segundo lugar la urgente necesidad de que Castilla y sus comunidades autónomas recuperen peso político, la vertebración del territorio castellano como prioridad, y por último la necesidad de avanzar en un desarrollo.

Luis Marcos comentó que una vez ratificado que el nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla y León, consolida a esta Comunidad como un territorio de segunda (algo parecido a lo que ocurrirá en breve con Castilla-La Mancha), es importante no perder la batalla de la financiación autonómica, cuya reformulación se abrirá este año 2008, y en la cual el “lobby poblacional” conformado principalmente por Cataluña, Andalucía y Valencia pretende recortar los ingresos de las comunidades despobladas del interior (las dos mesetas castellanas, Extremadura y Aragón). Marcos afirma que es urgente definir un peso razonable en la financiación de hechos como la dispersión, la despoblación, el envejecimiento, la generación de agua, energía y materias primas o la conservación del patrimonio cultural y ambiental, con el objetivo de garantizar que todos los ciudadanos y territorios del Estado cuenten con una igualdad en la calidad de la prestación de los servicios educativos, sanitarios y sociales básicos, así como de unas infraestructuras equilibradas. El Secretario de Organización de los castellanistas también reclamó como urgente un marco institucional de cooperación entre las comunidades castellanas, y especialmente definir la relación entre Madrid y las comunidades de Castilla-León y Castilla-La Mancha, la gran oportunidad financiera, tecnológica, demográfica para el conjunto de Castilla.

En cuanto a la necesidad que tiene Castilla de recuperar peso político, Marcos señaló la actual irrelevancia de las comunidades castellanas, verdadero furgón de cola del estado de las autonomías, fruto de la falta de identificación de las élites políticas, culturales y económicas de Castilla con su territorio, con políticos que viven pendientes de la política estatal y que ven las instituciones locales o autonómicas de Castilla como un simple ámbito para la realización temporal de “méritos para el ascenso”. Luis Marcos reclamó, frente a la subordinación del PP y del PSOE a la política estatal, un proyecto político autónomo para Castilla, endógeno en su composición y autocentrado en sus objetivos, que recupere los valores de la ética, de la honradez y de la participación ciudadana entre la sociedad de esta tierra.

El Secretario de Organización de TIERRA COMUNERA (TC) destacó la necesidad de vertebrar el territorio castellano como una de las prioridades del futuro castellano más inmediato, no solo mediante la cooperación entre las comunidades castellanas, sino también mediante la descentralización administrativa de las instituciones autonómicas, hoy excesivamente concentradas, mediante la creación de áreas metropolitanas en el entorno de las grandes ciudades y capitales, y mediante la comarcalización, como alternativa moderna y efectiva frente a la crisis del medio rural, el éxodo de los jóvenes, la despoblación y el envejecimiento y frente al nepotismo corrupto y partidista de las Diputaciones Provinciales.

Por último, Luis Marcos hizo un alegato por desarrollar, en clave sostenible, el potencial económico y social de Castilla, superando el papel subsidiario que históricamente se le ha otorgado en el conjunto del Estado, como mero productor de materias primas y mano de obra al servicio del desarrollo de las comunidades periféricas. Para ello, Marcos glosó las fortalezas que pueden potenciar la economía castellana, como su extenso territorio, su formada población, su enorme potencial cultural, histórico y natural, o su lengua, para lo cual reivindicó una mayor atención del Estado en materia de infraestructuras, de comunicación (AVE y autovías), de innovación (internet y centros de investigación) y sociales (hospitales, centros educativos, guarderías, residencias de la tercera edad, etc...).

EL AYUNTAMIENTO DE BURGOS DEBE CORREGIR VARIAS ACTUACIONES ERRÓNEAS EN MATERIA DE URBANISMO

Últimamente, el ejecutivo local que preside el alcalde del PP, Juan Carlos Aparicio, está incrementado sus políticas erróneas en materia de urbanismo. Así, los castellanistas han solicitado al equipo de gobierno del PP en la “Cabeza de Castilla”, que paralice la construcción de un edificio municipal en la Llana de Afuera, en pleno centro histórico y a escasa decenas de metros de la Catedral de Burgos y del tramo urbano del Camino de Santiago; también TIERRA COMUNERA (TC), ha insistido a Aparicio para que renegocie el Convenio del Desvío Ferroviario, que está gravando las finanzas municipales, al cargar exclusivamente sobre el Ayuntamiento todo el sobre coste que supere los 19.000 millones de pesetas. Finalmente, y dentro de sus propuestas para facilitar el acceso a la vivienda en Burgos, los castellanistas reclaman que en los terrenos del acuartelamiento “Capitán Mayoral” que va a liberar Defensa, todas las viviendas que se promuevan sean de Protección Oficial, con precio tasado.

Así, la Agrupación Provincial en Burgos de la formación castellanista TIERRA COMUNERA (TC) ha reclamado al alcalde de Burgos que paralice las pretensiones del consistorio burgalés de construir un edificio municipal, al servicio de la Concejalía de juventud, en la Llana de Afuera, en pleno centro histórico burgalés y a escasas decenas de metros de la catedral de Burgos y del Camino de Santiago.

Los castellanistas estiman, con un criterio acertado, que esta actuación es innecesaria y se va a acometer en un espacio especialmente sensible del entorno urbano de Burgos afectando negativamente a dos ámbitos declarados Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, como la catedral de Burgos y la ruta Jacobea, y que además supone incrementar la densidad edificatoria en el Centro Histórico burgalés a costa de los espacios libres y de uso cotidiano por parte de los vecinos y visitantes de la ciudad, como es la plaza de la Llana de Afuera.

Desde TIERRA COMUNERA (TC) confían en que el Consistorio burgalés rectifiques esta errónea decisión, y no descartan denunciar esta nueva edificación a los responsables en materia de Patrimonio Histórico de ICOMOS, la Junta de Castilla y León, el Ministerio de Cultura o la misma Unión Europea.

Por otro lado, la Agrupación Provincial en Burgos de la formación castellanista TIERRA COMUNERA (TC) reclama al alcalde de Burgos que inicie las actuaciones tendentes a declarar como lesivo para los intereses de la ciudad de Burgos, el Convenio del Desvío Ferroviario, en aquellos apartados económicos que prescriben que el Consistorio Burgalés acometerá en solitario la financiación de los sobrecostes de esta infraestructura ferroviaria de interés nacional, que superen los 19.000 millones de pesetas (114 millones de euros).

Los comuneros burgaleses estiman que el Convenio de Financiación del Desvío Ferroviario, votado favorablemente en Pleno por los grupos municipales del PSOE y del PP en el Ayuntamiento burgalés en 1998, está actuando como una losa que limita las posibilidades inversoras el consistorio burgalés. Así, el Ayuntamiento de Burgos ya ha costeado, además de la parte que le ha correspondido en los 19.000 millones de euros establecidos en el citado convenio, 100 millones de euros adicionales. TIERRA COMUNERA (TC) reclama que el Ayuntamiento burgalés no pague ni un solo euro más (el Consorcio que gestiona financieramente el Desvío reclama ahora casi 9 millones de euros adicionales al consistorio de Burgos), y que declare lesivo en pleno el citado convenio, ya que todos los sobrecostes actuales de esta infraestructura ferroviaria se deben a modificaciones del proyecto inicial achacables exclusivamente el Ministerio de Fomento, y no a la necesidad del desvío por parte de la sociedad burgalesa.

A juicio de TIERRA COMUNERA (TC) tanto Olivares como Aparicio han demostrado ser más serviles a las necesidades de sus partidos que a los ciudadanos de Burgos, defendiendo los intereses del Gobierno Central, cuando allí mandan sus respectivos partidos, por encima de lo que es justo para con la ciudad de Burgos. Los castellanistas reclaman a los máximos responsables del PP y del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos para que actúen al unísono frente al Ministerio de Fomento, defendiendo los intereses de la ciudad de Burgos, y rectificando un error que sus respectivos partidos llevan manteniendo durante diez años.

Finalmente, y en lo que a política de vivienda se refiere, la Agrupación Provincial en Burgos de la formación castellanista TIERRA COMUNERA (TC) solicita al Ayuntamiento de Burgos y al Ministerio de Defensa que lleguen a un acuerdo para que la totalidad de las viviendas que se construirán en los terrenos que Defensa posee en las traseras de la antigua Academia de Ingenieros y acuartelamiento “Capitán Mayoral” sean Viviendas de Protección Oficial (VPO).

La formación castellanista burgalesa considera que las pretensiones del Ministerio de Defensa, avaladas por el Convenio firmado en su día por el Ayuntamiento de Burgos, de construir 350 viviendas en los terrenos del Ministerio de Defensa en el entorno de la antigua Academia de Ingenieros, de las que solo entre el 30 y el 50% serán VPO’s es un hecho intolerable para la ciudad de Burgos.

Los castellanistas estiman que el Ministerio de Defensa ya ha obtenido en la última década, numerosas plusvalías, con las subastas de terrenos, que en su día fueron cedidos gratuitamente por el Ayuntamiento de Burgos, como los de los Chalets de Aviación en Gamonal o los del Acuartelamiento del Dos de Mayo, que proporcionaron al Gobierno Central decenas de miles de millones de pesetas, y contribuyeron a alimentar la espiral especulativa del suelo en Burgos y el incremento del precio de la vivienda en la capital castellana. Así mismo, desde TIERRA COMUNERA (TC) valoran negativamente que el Ministerio de Vivienda, con cuatro años de trayectoria, todavía no haya realizado ninguna actuación específica en Burgos de promoción de vivienda pública, cuando Burgos ha sido extraordinariamente solidaria con el Gobierno Central en esta materia.

TIERRA COMUNERA (TC) exige al PP y al PSOE, que monopolizan respectivamente el gobierno en el Ayuntamiento de Burgos y en el Gobierno de España, que sean sensibles a estas reclamaciones de la sociedad burgalesa y modifiquen el citado Convenio de Defensa, habilitando que la totalidad de las 350 viviendas de la Academia de Artillería lo sean de VPO’s y que su adjudicación se realice a los burgaleses solicitantes por criterios públicos, objetivos y transparentes.

Burgos necesita soterrar el tráfico del Paseo de la Sierra de Atapuerca y realzar el Complejo Cultural del Solar de Caballería

La Agrupación Provincial en Burgos de la formación castellanista TIERRA COMUNERA (TC) recientemente ha valorado negativamente la decisión del PP de Burgos de no construir finalmente el túnel del Paseo de la Sierra de Atapuerca, que soterraría el tráfico frente al Complejo de Edificios Culturales que se están construyendo en el Solar de Caballería. Los castellanistas hemos reclamado al alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, que cumpla sus promesas electorales, y ejecute la citada infraestructura viaria burgalesa.

En nuestra opinión, el voluminoso conjunto urbanístico del Solar de Caballería quedaría más integrado en el espacio urbano burgalés, estableciendo un continuo peatonal, desde el mismo conjunto edificatorio, hasta el propio río Arlanzón, soterrando el tráfico del Paseo de la Sierra Atapuerca, desde la Pza. Santa Teresa hasta la Avenida de Valladolid.

Es una posición política mantenida desde hace tiempo por TIERRA COMUNERA (TC) de Burgos, que el conjunto de edificios del Solar de Caballería (Centro de Investigaciones Paleoantropológicas, Museo de la Evolución Humana y Auditorio+Palacio de Exposiciones y Congresos), suponen un programa edificatorio de gran densidad para el citado solar, y que van a suponer que en determinados momentos haya miles de personas circulando en dicho complejo cultural, con la notable aglomeración que se producirá en el pequeño espacio que media entre los edificios del Complejo de la Evolución Humana, y el vial del Paseo de la Sierra de Atapuerca, generando riesgos de atropellos y riesgos para el tráfico.

Los castellanistas burgaleses estimamos que el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Burgos debe cumplir su promesa electoral de soterrar el tráfico frente al Complejo de la Evolución Humana, y hacerlo rápidamente, mientras todavía se encuentran en obras los citados edificios, para que los perjuicios de las obras de construcción del citado túnel no se extiendan demasiado en el tiempo. Así mismo los comuneros burgaleses creemos absolutamente compatible la realización del citado túnel, con el mantenimiento prácticamente absoluto de la masa de árboles actualmente existente en el paseo de la Sierra de Atapuerca, cuya conservación debe ser una prioridad en la ejecución del citado túnel.

Si finalmente el Partido Popular de Burgos decide incumplir esta promesa electoral, debe dar sobradas razones ante la ciudadanía burgalesa, ante aquellos que les han votado y ante aquellos otros que no les hemos apoyado. Si Aparicio decidió en Mayo de 2007 incluir en su raquítico programa electoral municipal la afirmación en el apartado de Infraestructuras Urbanas: “Ejecutaremos, conjuntamente con otras administraciones, las obras del complejo de la Evolución Humana con el Museo, el Auditorio y el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana e iniciaremos las tareas del soterramiento de la carretera de Valladolid a la altura del Paseo de Atapuerca y de Correos integrando el río en el Complejo de la Evolución Humana, cuando las circunstancias lo aconsejen”, obviamente estaba expresando su convicción de que ya tenían los conocimientos técnicos y económicos, acerca de su conveniencia y viabilidad.

¿Por qué Aparicio incumple su programa?, ¿por qué paraliza una actuación de primera magnitud para mejorar la calidad urbana en el centro de Burgos?, ¿por qué el PP de Burgos no da la cara ante la ciudadanía burgalesa, reconociendo su incumplimiento?.

Los comuneros burgaleses seguiremos reivindicando esta actuación, y afeando a Aparicio su nueva traición para con la ciudad y la sociedad de Burgos.

Madrid y Castilla

Recientemente saltaba a los medios de comunicación, la noticia del acuerdo firmado entre la Junta de Castilla y León y la Comunidad de Madrid para impulsar la actividad logística entre ambas autonomías castellanas, con consecuencias positivas para el potencial exportador de ambos territorios. Son numerosos, aunque poco conocidos, los frecuentes convenios establecidos entre las comunidades autónomas de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid, orientados a mejorar la gestión en temas relacionados con el Medio Ambiente, la proyección económica, las infraestructuras del transporte, o las actividades educativas, sanitarias, culturales o investigadoras.

Y es que la relación social y económica entre las tres comunidades castellanas del centro peninsular, lejos de haberse enfriado por la división autonómica, se hace cada vez más dinámica, potente e imparable. Y es que Madrid, con su potente economía y demografía, auténtico hinterland de la meseta, se desborda hacia sus dos vecinas castellanas, que lejos de ver esta circunstancia como una invasión, lo perciben como una auténtica bendición. Los datos son incontestables: provincias otrora regresivas demográficamente, como Guadalajara Toledo o Segovia, multiplican por cuatro, tres y dos respectivamente el ritmo estatal de crecimiento, por el establecimiento de nuevos pobladores procedentes de la capital; el tránsito de personas en todas ¡sí, en todas! las provincias de Castilla-León y Castilla-La Mancha, tiene como principal destino Madrid; madrileñas son las principales inversiones industriales y empresariales en estas dos comunidades castellanas, y por supuesto madrileños son mayoritariamente los turistas que nos visitan o quienes aquí construyen sus segundas residencias.

Pero Madrid también percibe los efectos beneficiosos de tener como vecinas a las comunidades de Castilla-León y Castilla-La Mancha, no solo por haber sido burgaleses al mando de Alfonso VI quienes la reconquistaron en el siglo XI junto a Toledo, sino como pulmón ecológico, espacio de expansión económico y lugar de procedencia de la mayor parte del agua, energía y materia primas que consume, vínculo cultural e histórico, y obviamente también por el hecho de albergar entre sus seis millones de habitantes a más de un millón de personas nacidas en ambos territorios castellanos, o porque las universidades madrileñas, siguen siendo las preferidas por los estudiantes de ambas castillas que marchan fuera de casa para realizar sus carreras.

Madrid, que durante tanto tiempo ejerció el involuntario papel de agujero negro que vació el interior peninsular, es hoy sin embargo la mejor oportunidad de salvación social y económica de Castilla-León y Castilla-La Mancha. Las sinergias de estos tres territorios son indudables, y pese a la miopía de sus serviles representantes políticos, su tejido económico y social lo percibe con claridad y se aprovecha cada vez más de ello, a pesar de que el Consejo de las Comunidades Castellanas, creado hace casi ocho años por los presidentes de estos tres territorios castellanos sigue languideciendo.

Se acercan las elecciones, y gane Rajoy o Zapatero, los independentistas vascos o catalanes han afilado sus calculadoras para cobrar sobradamente en privilegios e inversiones sus calculados apoyos en el Parlamento. Nuevamente Castilla ¡y llevamos así quinientos años! seguirá pagando económicamente la españolidad de quienes alardean diariamente que no son españoles. El centralismo no está hoy para nosotros, ciudadanos de Castilla-León o Castilla-La Mancha, instalado en Madrid, sino en Bilbao o Barcelona. Y la esperanza de futuro, si nos queda alguna, no vendrá de Toledo o de Valladolid, vendrá de La Castellana.

La refundación del castellanismo

Aunque es un lugar común expresar que en Castilla el regionalismo ni ha cuajado ni cuajará porque los castellanos somos “demasiado universales”, la realidad histórica nos demuestra una notable continuidad de movimientos y proyectos defensores de lo propio en la tierra y las gentes de Castilla. Desde la época de los Comuneros de Castilla, hasta el regionalismo castellano del primer tercio del siglo XX, una sucesión de iluministas, ilustrados, liberales, federalistas y regeneracionistas, hicieron del castellanismo el eje de su pensamiento y de su acción política.

La transición democrática española, calentada popularmente en la década de los setenta al grito de “autonomía y libertad”, tuvo en Castilla su vínculo social en las masivas concentraciones ciudadanas de Villalar de los Comuneros cada 23 de Abril, así como numerosos referentes políticos entre los que cabe citar al histórico PANCAL. En 1988 surgió el proyecto político castellanista y progresista que representa TIERRA COMUNERA (TC). Tras casi veinte años de actividad continua, este partido se ha constituido en la referencia obligada de los regionalistas y nacionalistas castellanos, con una presencia institucional superior al centenar de ayuntamientos, con propuestas y análisis serios y respetados, y con una presencia social y mediática indiscutible en el ámbito de ambas Castillas.

Sin embargo las limitaciones del proyecto de TIERRA COMUNERA se hacen con el tiempo más evidentes. El castellanismo no es solo una corriente de opinión o un proyecto cultural, debe convertirse en una alternativa política, capaz de romper el feroz y empobrecedor bipartidismo que monopolizan PP y PSOE, debe involucrar a sectores sociales y ciudadanos más amplios y debe hacerse presente en las más altas instituciones representativas, como el parlamento regional, las cortes generales o los ayuntamientos de las grandes capitales castellanas.

La refundación del Castellanismo Político, propuesta estratégica aprobada en el recientemente celebrado VIII Congreso de TIERRA COMUNERA (TC), implica cambios profundos en esta organización política, que compartiendo el protagonismo con otras formaciones castellanas, va a cristalizar en un proyecto político nuevo, más abierto a la sociedad, cuyos contenidos ideológicos y presupuestos programáticos se acerquen más a la resolución de los problemas diarios de los ciudadanos, y cuyos aspectos formales y estéticos sean más atractivos para el creciente colectivo de quienes nada esperan de los partidos de Rajoy y Zapatero para Castilla. La refundación del castellanismo político, pretende, desde un compromiso ético de la acción política, crear un referente claro para la participación política de una ciudadanía desencantada que cree que el pueblo y las gentes de Castilla se merecen en este siglo XXI un futuro mejor. El proceso está en marcha, y su gran prueba se encontrará en las elecciones autonómicas y municipales de Mayo de 2011.