Con motivo de la conmemoración del 23 de Abril, Día Nacional de Castilla, el Secretario de Organización de la formación castellanista TIERRA COMUNERA (TC) ha compartido un desayuno de trabajo en el Hotel Cordón de la capital burgalesa, en el cual ha reflexionado sobre los retos que aquejan a Castilla en el siglo XXI.
Ante las muchas cuestiones con que los castellanos tienen que lidiar en la actualidad y en el futuro más inmediato, el responsable de Organización del partido comunero, señaló cuatro grandes bloques: el desarrollo estatutario y la nueva financiación autonómica por un lado, en segundo lugar la urgente necesidad de que Castilla y sus comunidades autónomas recuperen peso político, la vertebración del territorio castellano como prioridad, y por último la necesidad de avanzar en un desarrollo.
Luis Marcos comentó que una vez ratificado que el nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla y León, consolida a esta Comunidad como un territorio de segunda (algo parecido a lo que ocurrirá en breve con Castilla-La Mancha), es importante no perder la batalla de la financiación autonómica, cuya reformulación se abrirá este año 2008, y en la cual el “lobby poblacional” conformado principalmente por Cataluña, Andalucía y Valencia pretende recortar los ingresos de las comunidades despobladas del interior (las dos mesetas castellanas, Extremadura y Aragón). Marcos afirma que es urgente definir un peso razonable en la financiación de hechos como la dispersión, la despoblación, el envejecimiento, la generación de agua, energía y materias primas o la conservación del patrimonio cultural y ambiental, con el objetivo de garantizar que todos los ciudadanos y territorios del Estado cuenten con una igualdad en la calidad de la prestación de los servicios educativos, sanitarios y sociales básicos, así como de unas infraestructuras equilibradas. El Secretario de Organización de los castellanistas también reclamó como urgente un marco institucional de cooperación entre las comunidades castellanas, y especialmente definir la relación entre Madrid y las comunidades de Castilla-León y Castilla-La Mancha, la gran oportunidad financiera, tecnológica, demográfica para el conjunto de Castilla.
En cuanto a la necesidad que tiene Castilla de recuperar peso político, Marcos señaló la actual irrelevancia de las comunidades castellanas, verdadero furgón de cola del estado de las autonomías, fruto de la falta de identificación de las élites políticas, culturales y económicas de Castilla con su territorio, con políticos que viven pendientes de la política estatal y que ven las instituciones locales o autonómicas de Castilla como un simple ámbito para la realización temporal de “méritos para el ascenso”. Luis Marcos reclamó, frente a la subordinación del PP y del PSOE a la política estatal, un proyecto político autónomo para Castilla, endógeno en su composición y autocentrado en sus objetivos, que recupere los valores de la ética, de la honradez y de la participación ciudadana entre la sociedad de esta tierra.
El Secretario de Organización de TIERRA COMUNERA (TC) destacó la necesidad de vertebrar el territorio castellano como una de las prioridades del futuro castellano más inmediato, no solo mediante la cooperación entre las comunidades castellanas, sino también mediante la descentralización administrativa de las instituciones autonómicas, hoy excesivamente concentradas, mediante la creación de áreas metropolitanas en el entorno de las grandes ciudades y capitales, y mediante la comarcalización, como alternativa moderna y efectiva frente a la crisis del medio rural, el éxodo de los jóvenes, la despoblación y el envejecimiento y frente al nepotismo corrupto y partidista de las Diputaciones Provinciales.
Por último, Luis Marcos hizo un alegato por desarrollar, en clave sostenible, el potencial económico y social de Castilla, superando el papel subsidiario que históricamente se le ha otorgado en el conjunto del Estado, como mero productor de materias primas y mano de obra al servicio del desarrollo de las comunidades periféricas. Para ello, Marcos glosó las fortalezas que pueden potenciar la economía castellana, como su extenso territorio, su formada población, su enorme potencial cultural, histórico y natural, o su lengua, para lo cual reivindicó una mayor atención del Estado en materia de infraestructuras, de comunicación (AVE y autovías), de innovación (internet y centros de investigación) y sociales (hospitales, centros educativos, guarderías, residencias de la tercera edad, etc...).
martes, 22 de abril de 2008
martes, 1 de abril de 2008
EL AYUNTAMIENTO DE BURGOS DEBE CORREGIR VARIAS ACTUACIONES ERRÓNEAS EN MATERIA DE URBANISMO
Últimamente, el ejecutivo local que preside el alcalde del PP, Juan Carlos Aparicio, está incrementado sus políticas erróneas en materia de urbanismo. Así, los castellanistas han solicitado al equipo de gobierno del PP en la “Cabeza de Castilla”, que paralice la construcción de un edificio municipal en la Llana de Afuera, en pleno centro histórico y a escasa decenas de metros de la Catedral de Burgos y del tramo urbano del Camino de Santiago; también TIERRA COMUNERA (TC), ha insistido a Aparicio para que renegocie el Convenio del Desvío Ferroviario, que está gravando las finanzas municipales, al cargar exclusivamente sobre el Ayuntamiento todo el sobre coste que supere los 19.000 millones de pesetas. Finalmente, y dentro de sus propuestas para facilitar el acceso a la vivienda en Burgos, los castellanistas reclaman que en los terrenos del acuartelamiento “Capitán Mayoral” que va a liberar Defensa, todas las viviendas que se promuevan sean de Protección Oficial, con precio tasado.
Así, la Agrupación Provincial en Burgos de la formación castellanista TIERRA COMUNERA (TC) ha reclamado al alcalde de Burgos que paralice las pretensiones del consistorio burgalés de construir un edificio municipal, al servicio de la Concejalía de juventud, en la Llana de Afuera, en pleno centro histórico burgalés y a escasas decenas de metros de la catedral de Burgos y del Camino de Santiago.
Los castellanistas estiman, con un criterio acertado, que esta actuación es innecesaria y se va a acometer en un espacio especialmente sensible del entorno urbano de Burgos afectando negativamente a dos ámbitos declarados Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, como la catedral de Burgos y la ruta Jacobea, y que además supone incrementar la densidad edificatoria en el Centro Histórico burgalés a costa de los espacios libres y de uso cotidiano por parte de los vecinos y visitantes de la ciudad, como es la plaza de la Llana de Afuera.
Desde TIERRA COMUNERA (TC) confían en que el Consistorio burgalés rectifiques esta errónea decisión, y no descartan denunciar esta nueva edificación a los responsables en materia de Patrimonio Histórico de ICOMOS, la Junta de Castilla y León, el Ministerio de Cultura o la misma Unión Europea.
Por otro lado, la Agrupación Provincial en Burgos de la formación castellanista TIERRA COMUNERA (TC) reclama al alcalde de Burgos que inicie las actuaciones tendentes a declarar como lesivo para los intereses de la ciudad de Burgos, el Convenio del Desvío Ferroviario, en aquellos apartados económicos que prescriben que el Consistorio Burgalés acometerá en solitario la financiación de los sobrecostes de esta infraestructura ferroviaria de interés nacional, que superen los 19.000 millones de pesetas (114 millones de euros).
Los comuneros burgaleses estiman que el Convenio de Financiación del Desvío Ferroviario, votado favorablemente en Pleno por los grupos municipales del PSOE y del PP en el Ayuntamiento burgalés en 1998, está actuando como una losa que limita las posibilidades inversoras el consistorio burgalés. Así, el Ayuntamiento de Burgos ya ha costeado, además de la parte que le ha correspondido en los 19.000 millones de euros establecidos en el citado convenio, 100 millones de euros adicionales. TIERRA COMUNERA (TC) reclama que el Ayuntamiento burgalés no pague ni un solo euro más (el Consorcio que gestiona financieramente el Desvío reclama ahora casi 9 millones de euros adicionales al consistorio de Burgos), y que declare lesivo en pleno el citado convenio, ya que todos los sobrecostes actuales de esta infraestructura ferroviaria se deben a modificaciones del proyecto inicial achacables exclusivamente el Ministerio de Fomento, y no a la necesidad del desvío por parte de la sociedad burgalesa.
A juicio de TIERRA COMUNERA (TC) tanto Olivares como Aparicio han demostrado ser más serviles a las necesidades de sus partidos que a los ciudadanos de Burgos, defendiendo los intereses del Gobierno Central, cuando allí mandan sus respectivos partidos, por encima de lo que es justo para con la ciudad de Burgos. Los castellanistas reclaman a los máximos responsables del PP y del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos para que actúen al unísono frente al Ministerio de Fomento, defendiendo los intereses de la ciudad de Burgos, y rectificando un error que sus respectivos partidos llevan manteniendo durante diez años.
Finalmente, y en lo que a política de vivienda se refiere, la Agrupación Provincial en Burgos de la formación castellanista TIERRA COMUNERA (TC) solicita al Ayuntamiento de Burgos y al Ministerio de Defensa que lleguen a un acuerdo para que la totalidad de las viviendas que se construirán en los terrenos que Defensa posee en las traseras de la antigua Academia de Ingenieros y acuartelamiento “Capitán Mayoral” sean Viviendas de Protección Oficial (VPO).
La formación castellanista burgalesa considera que las pretensiones del Ministerio de Defensa, avaladas por el Convenio firmado en su día por el Ayuntamiento de Burgos, de construir 350 viviendas en los terrenos del Ministerio de Defensa en el entorno de la antigua Academia de Ingenieros, de las que solo entre el 30 y el 50% serán VPO’s es un hecho intolerable para la ciudad de Burgos.
Los castellanistas estiman que el Ministerio de Defensa ya ha obtenido en la última década, numerosas plusvalías, con las subastas de terrenos, que en su día fueron cedidos gratuitamente por el Ayuntamiento de Burgos, como los de los Chalets de Aviación en Gamonal o los del Acuartelamiento del Dos de Mayo, que proporcionaron al Gobierno Central decenas de miles de millones de pesetas, y contribuyeron a alimentar la espiral especulativa del suelo en Burgos y el incremento del precio de la vivienda en la capital castellana. Así mismo, desde TIERRA COMUNERA (TC) valoran negativamente que el Ministerio de Vivienda, con cuatro años de trayectoria, todavía no haya realizado ninguna actuación específica en Burgos de promoción de vivienda pública, cuando Burgos ha sido extraordinariamente solidaria con el Gobierno Central en esta materia.
TIERRA COMUNERA (TC) exige al PP y al PSOE, que monopolizan respectivamente el gobierno en el Ayuntamiento de Burgos y en el Gobierno de España, que sean sensibles a estas reclamaciones de la sociedad burgalesa y modifiquen el citado Convenio de Defensa, habilitando que la totalidad de las 350 viviendas de la Academia de Artillería lo sean de VPO’s y que su adjudicación se realice a los burgaleses solicitantes por criterios públicos, objetivos y transparentes.
Así, la Agrupación Provincial en Burgos de la formación castellanista TIERRA COMUNERA (TC) ha reclamado al alcalde de Burgos que paralice las pretensiones del consistorio burgalés de construir un edificio municipal, al servicio de la Concejalía de juventud, en la Llana de Afuera, en pleno centro histórico burgalés y a escasas decenas de metros de la catedral de Burgos y del Camino de Santiago.
Los castellanistas estiman, con un criterio acertado, que esta actuación es innecesaria y se va a acometer en un espacio especialmente sensible del entorno urbano de Burgos afectando negativamente a dos ámbitos declarados Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, como la catedral de Burgos y la ruta Jacobea, y que además supone incrementar la densidad edificatoria en el Centro Histórico burgalés a costa de los espacios libres y de uso cotidiano por parte de los vecinos y visitantes de la ciudad, como es la plaza de la Llana de Afuera.
Desde TIERRA COMUNERA (TC) confían en que el Consistorio burgalés rectifiques esta errónea decisión, y no descartan denunciar esta nueva edificación a los responsables en materia de Patrimonio Histórico de ICOMOS, la Junta de Castilla y León, el Ministerio de Cultura o la misma Unión Europea.
Por otro lado, la Agrupación Provincial en Burgos de la formación castellanista TIERRA COMUNERA (TC) reclama al alcalde de Burgos que inicie las actuaciones tendentes a declarar como lesivo para los intereses de la ciudad de Burgos, el Convenio del Desvío Ferroviario, en aquellos apartados económicos que prescriben que el Consistorio Burgalés acometerá en solitario la financiación de los sobrecostes de esta infraestructura ferroviaria de interés nacional, que superen los 19.000 millones de pesetas (114 millones de euros).
Los comuneros burgaleses estiman que el Convenio de Financiación del Desvío Ferroviario, votado favorablemente en Pleno por los grupos municipales del PSOE y del PP en el Ayuntamiento burgalés en 1998, está actuando como una losa que limita las posibilidades inversoras el consistorio burgalés. Así, el Ayuntamiento de Burgos ya ha costeado, además de la parte que le ha correspondido en los 19.000 millones de euros establecidos en el citado convenio, 100 millones de euros adicionales. TIERRA COMUNERA (TC) reclama que el Ayuntamiento burgalés no pague ni un solo euro más (el Consorcio que gestiona financieramente el Desvío reclama ahora casi 9 millones de euros adicionales al consistorio de Burgos), y que declare lesivo en pleno el citado convenio, ya que todos los sobrecostes actuales de esta infraestructura ferroviaria se deben a modificaciones del proyecto inicial achacables exclusivamente el Ministerio de Fomento, y no a la necesidad del desvío por parte de la sociedad burgalesa.
A juicio de TIERRA COMUNERA (TC) tanto Olivares como Aparicio han demostrado ser más serviles a las necesidades de sus partidos que a los ciudadanos de Burgos, defendiendo los intereses del Gobierno Central, cuando allí mandan sus respectivos partidos, por encima de lo que es justo para con la ciudad de Burgos. Los castellanistas reclaman a los máximos responsables del PP y del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos para que actúen al unísono frente al Ministerio de Fomento, defendiendo los intereses de la ciudad de Burgos, y rectificando un error que sus respectivos partidos llevan manteniendo durante diez años.
Finalmente, y en lo que a política de vivienda se refiere, la Agrupación Provincial en Burgos de la formación castellanista TIERRA COMUNERA (TC) solicita al Ayuntamiento de Burgos y al Ministerio de Defensa que lleguen a un acuerdo para que la totalidad de las viviendas que se construirán en los terrenos que Defensa posee en las traseras de la antigua Academia de Ingenieros y acuartelamiento “Capitán Mayoral” sean Viviendas de Protección Oficial (VPO).
La formación castellanista burgalesa considera que las pretensiones del Ministerio de Defensa, avaladas por el Convenio firmado en su día por el Ayuntamiento de Burgos, de construir 350 viviendas en los terrenos del Ministerio de Defensa en el entorno de la antigua Academia de Ingenieros, de las que solo entre el 30 y el 50% serán VPO’s es un hecho intolerable para la ciudad de Burgos.
Los castellanistas estiman que el Ministerio de Defensa ya ha obtenido en la última década, numerosas plusvalías, con las subastas de terrenos, que en su día fueron cedidos gratuitamente por el Ayuntamiento de Burgos, como los de los Chalets de Aviación en Gamonal o los del Acuartelamiento del Dos de Mayo, que proporcionaron al Gobierno Central decenas de miles de millones de pesetas, y contribuyeron a alimentar la espiral especulativa del suelo en Burgos y el incremento del precio de la vivienda en la capital castellana. Así mismo, desde TIERRA COMUNERA (TC) valoran negativamente que el Ministerio de Vivienda, con cuatro años de trayectoria, todavía no haya realizado ninguna actuación específica en Burgos de promoción de vivienda pública, cuando Burgos ha sido extraordinariamente solidaria con el Gobierno Central en esta materia.
TIERRA COMUNERA (TC) exige al PP y al PSOE, que monopolizan respectivamente el gobierno en el Ayuntamiento de Burgos y en el Gobierno de España, que sean sensibles a estas reclamaciones de la sociedad burgalesa y modifiquen el citado Convenio de Defensa, habilitando que la totalidad de las 350 viviendas de la Academia de Artillería lo sean de VPO’s y que su adjudicación se realice a los burgaleses solicitantes por criterios públicos, objetivos y transparentes.
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