martes, 23 de noviembre de 2010

PCAL-BURGOS PROPONE UNA BATERÍA DE PROPUESTAS CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE BURGOS

Los castellanistas plantean a Aparicio y a Escribano, que suscriban un COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN de los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE contra la corrupción en Burgos.
La sociedad se encuentra manifiestamente alarmada por los numerosos casos de corrupción política que salpican a diario los medios de comunicación y que especialmente se centran en las instituciones municipales; así en los últimos años, más de cien ayuntamientos, fundamentalmente gobernados por PP y PSOE están siendo investigados por prácticas presuntamente corruptas, especialmente relacionadas con la especulación urbanística. En la actualidad, en torno a 800 cargos públicos municipales (mayoritariamente del PSOE y del PP) están siendo investigados por la Fiscalía General del Estado por la presunta comisión de delitos relacionados con la corrupción. "Operación Malaya", "Operación Pretoria", "Caso Gürtel" o "Operación Brugal" entre otras, copan la actualidad informativa, afectan a decenas de cargos públicos cada una de ellas, y suponen un movimiento de cientos de millones de euros. Casos que afectan a Andalucía, Murcia, Madrid, Cataluña, Valencia y, también desgraciadamente a Castilla y León.
Para el PARTIDO DE CASTILLA Y LEÓN (PCAL-Burgos) la corrupción en el ámbito de la política municipal supone un desmoronamiento del sistema democrático, una profunda ineficacia y un agudo descreimiento de la confianza ciudadana en el funcionamiento del sistema. En Burgos las recalificaciones salvajes de suelo, el escándalo del cobro de dinero negro en las adjudicaciones de viviendas de protección oficial, los presuntos beneficios personales de concejales en el ejercicio de su cargo, las contrataciones generalizadas de personal de libre designación, el oscurantismo en concursos y adjudicaciones públicas, o la opacidad de los políticos profesionales para hacer públicos sus bienes, están creando una alarma social importante, así como un descreimiento generalizado de la ciudadanía respecto al ámbito político público.
Desde esta formación castellanista burgalesa se propone la creación de un Observatorio Anti-Corrupción en la ciudad de Burgos, que ataje estas prácticas, potencie la transparencia de las decisiones municipales a los ojos de la ciudadanía y extienda un código ético de buenas prácticas en la gestión económica del Ayuntamiento, especialmente en los ámbitos relacionados con el urbanismo, las contrataciones de servicios y de personal, y la resolución de concursos y adjudicaciones. Burgos desgraciadamente figura entre las ciudades españolas donde mayor número de quejas no resueltas se plantean ante el Defensor del Pueblo y el procurador del Común, que figura en los puestos de cola de las ciudades españolas en los índices de transparencia de la Gestión Municipal (puesto 97 de 110) y donde la participación ciudadana y el control vecinal a las decisiones municipales es de los más bajos de España.
Desde el PARTIDO DE CASTILLA Y LEÓN (PCAL-Burgos) planteamos a los líderes de las dos principales formaciones municipales, Aparicio y Escribano, que suscriban los siguientes compromisos anti-corrupción para la ciudad de Burgos:
1.- Creación de un Observatorio Municipal contra la Corrupción en el Ayuntamiento de Burgos, formado por representantes de los partidos políticos, del tejido asociativo (Asociaciones de Vecinos y Sindicatos), y de la sociedad (Universidad, Colegios de Arquitectos, Aparejadores y Abogados), que conozca, analice e informe las contrataciones municipales, los pliegos de condiciones, las subastas y concursos, las adjudicaciones y las actuaciones urbanísticas que supongan la generación de plusvalías económicas.
2.- Creación de un Registro de Intereses, público y actualizado anualmente que afecte a los cargos políticos del Ayuntamiento y a los altos técnicos que participen o informen los procesos de contratación y adjudicación. Aplicación a los concejales de un régimen de incompatibilidades, incluyendo un periodo de cuatro años de carencia para que un concejal pueda ejercer una actividad privada vinculada a su cargo. Se trataría por ejemplo de evitar que un responsable de urbanismo sea fichado luego por una constructora.
3.- Se potenciarán todos los mecanismos de transparencia en el ámbito de las contrataciones municipales. Así:
- Los pliegos para la realización de concursos, subastas y contrataciones estarán a disposición de todos los ciudadanos y sus asociaciones, y se colgarán en la web del Ayuntamiento.
- Se tenderá a la desaparición del procedimiento de Concurso a favor de la Subasta para la Adjudicación de obras y contrataciones municipales.
- Las desviaciones en el coste de las contrataciones municipales que superen el 10% en cuantías de hasta 25.000 € o el 5% en adjudicaciones de más de 25.000 € no serán aceptadas y se obligará a la convocatoria de un nuevo concurso o subasta.
- La adjudicación de viviendas de VPO en el término municipal de Burgos se realizará directamente por el Ayuntamiento en base a criterios objetivos y públicos.
- Facilitar el ejercicio de la acción pública a las asociaciones entre cuyos fines se encuentran la defensa de la legalidad, del territorio y/o del medio natural, así como la exigencia de responsabilidad a los miembros de dichos tribunales y fiscalías si hicieran dejación de las funciones encomendadas.
- Promoción de la participación pública en los procedimientos administrativos, facilitando el acceso a la información de las normas, planeamiento municipal y de todo tipo de proyectos de construcción, así como de los informes técnicos y jurídicos que lo justifican, implementando la posibilidad de que la ciudadanía se pronuncie mediante consulta popular sobre los proyectos importantes del municipio.
4.- Compromiso político de un pacto anticorrupción, que incluya la destitución inmediata de cualquier cargo electo o de libre designación, que esté imputado, procesado o condenado por la justicia. Compromiso de los partidos de que las personas que hayan sido condenadas por delitos relacionados con la corrupción, serán excluidas de sus cargos públicos. Modificación legal para hacer responsable económico directo a los cargos públicos que aprueben planes u obras ilegales, y a los técnicos que las informen favorablemente. Exigir el pago de los gastos de su defensa a los cargos públicos que sean condenados, al margen de sus responsabilidades penales.
5.- Eliminación de las contrataciones de personal por el procedimiento de libre designación, que politiza el desempeño de determinados puestos de la administración local, frena la promoción de los empleados públicos municipales, supone un elevado sobre coste para las arcas del Ayuntamiento (2 millones de euros anuales), y es la puerta de acceso para que se tomen medidas desde el Ayuntamiento contrarias a la ley. En la actualidad hay más de 25 puestos de libre designación en el Ayuntamiento de Burgos, y periódicamente, diversas sentencias judiciales han anulado la presencia de puestos de libre designación en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Burgos.
5.- Medidas para luchar contra la corrupción en el ámbito urbanístico:
- Prohibición de la realización de los convenios urbanísticos, que supongan la enajenación de suelo municipal a cambio de determinadas prestaciones o servicios, al tratarse de puras compraventas de recalificaciones urbanísticas.
- Prohibición de venta de los aprovechamientos urbanísticos de los Ayuntamientos y de suelos públicos para usos que sean equipamientos públicos o viviendas protegidas.
- Prohibición de Modificaciones Puntuales que tengan por objeto reclasificar suelos no urbanizables a urbanizables, o recalificar suelos terciarios, industriales, de equipamientos, zonas verdes... a usos residenciales.
- Obligatoriedad de construcción de los equipamientos con carácter previo a los desarrollos inmobiliarios.
6.- Otras medidas anticorrupción relacionadas con la ordenación del territorio:
- El crecimiento urbanístico de las localidades del Alfoz debe tener un límite legal, en base a las necesidades de vivienda protegida y de equipamientos públicos. No permitir a ningún Ayuntamiento del Alfoz reclasificaciones y/o recalificaciones que supongan más de un 50% de aumento de viviendas y suelo urbano/urbanizable por cada década, con la única excepción de las necesidades de vivienda protegida.
- Los crecimientos urbanísticos deben realizarse como ampliación de los actuales núcleos urbanos, recogiendo estrictamente la filosofía al respecto de las Directrices Generales de Ordenación, prohibiendo las urbanizaciones segregadas de los núcleos urbanos, y garantizando el cumplimiento integral de la prestación de servicios a sus residentes (educación, sanidad, comunicaciones, abastecimiento de aguas, depuración de aguas residuales, dotaciones de ocio y deporte, transporte público,...).
- Exigencia de certificación de la legalidad de las inversiones antes de aprobar cualquier plan urbanístico o licencia de obras para impedir el blanqueo de dinero.
- Solo se procederá a las recalificaciones de suelo, generando suelo urbanizable residencial, en las cuales se garantice a la administración municipal la propiedad de al menos el 50% de su superficie.