lunes, 15 de diciembre de 2008

La Agrupación Provincial en Burgos de Tierra Comunera denunciará ante la fiscalía a la Junta de Castilla y León si los fondos bibliográficos expoliado


La Agrupación Provincial en Burgos de la formación castellanista TIERRA COMUNERA (TC), cuando han transcurrido tres años exactamente desde que en Diciembre de 2005, se produjera de forma clandestina el traslado del Fondo Bibliográfico Histórico de la Biblioteca Pública de Burgos a Valladolid, vuelve a reclamar al Delegado de la Junta de Castilla y León en Burgos, D. Jaime Mateu, y a Dña Berta Tricio, Subdelegada del Gobierno en Burgos, el inmediato retorno de estos fondos patrimoniales e históricos de Burgos, máxime cuando por parte de las autoridades competentes se prometió en su día que “en cuatro meses” (es decir, en Abril de 2006) regresaría la totalidad de este patrimonio bibliográfico a la capital burgalesa.
TIERRA COMUNERA (TC) denunció públicamente en su momento, que a mediados de Diciembre de 2005, de forma clandestina, se procedió al traslado a la Biblioteca Pública de Valladolid, de 11.800 volúmenes, de la Biblioteca Pública de Burgos, fundamentalmente de los XVI, XVII y XVIII, pero en algunos casos anteriores que conformaban el Fondo Bibliográfico Histórico de la Biblioteca Pública de Burgos, incluyendo piezas tan significativas como La Biblia de Gutenberg de 42 líneas”, de 1454, primer libro impreso del Mundo, la Biblia Románica del siglo XII, o el Fondo Bibliográfico de la familia Lara. Este impresionante fondo bibliográfico, uno de los mejores y más amplios de España, se formó a lo largo de todo el siglo XIX fruto del depósito de los libros procedentes de las diversas desamortizaciones de las bibliotecas de monasterios y conventos, y articulado por la Comisión Provincial de Monumentos.


Los responsables de TIERRA COMUNERA (TC) en Burgos, se muestran muy críticos con esta actuación, impulsada por la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Cultura, de trasladar los casi 12.000 volúmenes del fondo bibliográfico histórico de Burgos, ya que ha supuesto privar a la ciudad de Burgos de uno de sus referentes patrimoniales escritos más importantes, así como el oscuros proceso mediante el cual se llevó a cabo. Ahora los comuneros burgaleses reclaman al Delegado de la Junta de Castilla y León en Burgos y a la Subdelegada del Gobierno en Burgos, que cumplan sus promesas de habilitar un espacio que permita en condiciones de garantizada seguridad y conservación y a disposición de los usuarios e investigadores, ubicar estos fondos bibliográficos en Burgos, algo ya incumplido cuando en Diciembre de 2005 se anunció que en cuatro meses estaría disponible un espacio específico en el Archivo Territorial de la Junta de Castilla y León, en el Edificio de Usos Múltiples del gobierno regional en la Glorieta de Bilbao. Al parecer, el espacio destinado a los fondos bibliográficos expoliados se terminó hace más de dieciocho meses, pero no han regresado los fondos burgaleses expoliados, y su lugar parece haber sido ocupado con fondos procedentes de la gestión diaria de Educación y Justicia Municipal.

TIERRA COMUNERA (TC) considera lamentable el comportamiento de las Instituciones burgalesas en este conflicto, puesto que ni la Junta de Castilla y León, ni la Subdelegación del Gobierno, ni la Diputación Provincial de Burgos, ni el Ayuntamiento de Burgos, ni la Universidad de Burgos, ni las Cajas de Ahorros de Burgos, ni ninguna otra institución o entidad burgalesa, ha sido capaz de ofrecer un espacio digno, con unos 700 metros de estanterías lineales, con control térmico y de humedad para preservar los documentos antiguos, y con posibilidades de consulta por el público, para que los documentos y fondos bibliográficos no debieran salir de Burgos, por espacio ya de tres años, como finalmente ocurrió.

Los castellanistas burgaleses, transcurridos ya tres años del expolio de los fondos bibliográficos del Fondo Histórico de la Biblioteca de Burgos, estiman que han quedado plenamente obsoletas las presuntas justificaciones para su traslado, y que su irregular permanencia en Valladolid, se debe exclusivamente a una total ausencia de voluntad política para su ubicación y consulta en Burgos. Por todo ello, si no se procede con celeridad a la devolución a Burgos de estos fondos, desde TIERRA COMUNERA (TC) se planteará ante la Fiscalía una denuncia contra los responsables de esta actuación, por parte de la Junta de Castilla y León, por la comisión de presuntos delitos contra el Patrimonio Cultural, tal y como establecen, tanto la legislación española como la propia de la Comunidad de Castilla y León, en materia de traslado y depósito de bienes integrantes del Patrimonio Cultural español.

Finalmente, TIERRA COMUNERA (TC) hace un llamamiento público a la sociedad burgalesa y a las instituciones de Burgos para que se comprometan en la reclamación para el inmediato regreso a Burgos de estos fondos documentales patrimoniales burgaleses y la habilitación de un espacio digno para los mismos, hasta que se materialice la nuevamente paralizada construcción de la nueva Biblioteca Pública del Estado en la Pza. de San Juan, cuyos retrasos están provocando, no solo la pérdida del Fondo bibliográfico Histórico de Burgos, hoy en Valladolid, sino gastos multimillonarios en el acondicionamiento de las instalaciones temporales de la c/ Guardia Civil y hoy en la Av. Valladolid de Burgos, así como cuantiosos daños en los fondos del Archivo Histórico Provincial, por las inundaciones provocadas en la nave donde se almacenan estos fondos en una Nave del Polígono Industrial de Villalonquéjar.

Especialmente, los comuneros burgaleses, recuerdan al Ayuntamiento de Burgos y a la Diputación Provincial, las obligaciones que les confiere la Ley de Patrimonio, que, en su artículo 7º establece que las Instituciones Locales cooperarán con los Organismos competentes en la conservación y custodia del Patrimonio Histórico Español comprendido en su término adoptando las medidas oportunas para evitar su deterioro, pérdida o destrucción, advirtiendo de cualquier amenaza, daño o perturbación de su función social que tales bienes sufran, así como las dificultades y necesidades que tengan para el cuidado de estos bienes.