EL PAPEL DE CASTILLA Y LEÓN EN LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

La pasada legislatura tuvo en las reformas estatutarias uno de sus puntos álgidos. La presente comenzará intentando resolver la espinosa cuestión de la financiación autonómica. Y no pensemos que se trata de un debate ajeno a nuestras necesidades cotidianas, ya que cuando se habla de recursos económicos, todos nos jugamos la educación y sanidad, las infraestructuras, o la calidad de las prestaciones sociales que vamos a recibir.

El debate ya es una realidad, tras la aprobación de los nuevos Estatutos de Autonomía, algunas comunidades con Cataluña a la cabeza están presentando propuestas insolidarias e injustas. Los resultados son alarmantes, muy especialmente para las comunidades empobrecidas del interior, como Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura o nuestra Castilla-León. Las propuestas de Montilla y sus socios son inadmisibles para quienes desean un modelo federal, igualitario y solidario para el conjunto de España, ya que profundizan en el carácter asimétrico del Estado de las Autonomías; así, el modelo es discriminador e insolidario, no garantiza la suficiencia financiera que necesita la prestación de los servicios educativos, sociales, sanitarios y de la dotación de infraestructuras que necesitan todos los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia.

La embestida del gobierno de Cataluña, pretende que el nuevo modelo de financiación garantice por un lado que recibirán siempre al menos el 18% de las inversiones del Estado, y por otro lado que el gasto social se realice exclusivamente por población, sin tener en cuenta factores como la dispersión población, la superficie territorial, el envejecimiento o la despoblación, que encarecen enormemente la prestación de los servicios públicos. Y eso que, en el modelo actual, la dispersión pesa un 1,2% y la superficie el 4,2% solamente.

Algunos números son clarificadores. A Castilla y León se le asignaron 2.189 millones de euros en inversiones para infraestructuras en los Presupuestos Generales del Estado para 2008 (menos del 9% del total territorializado; de la parte de libre disposición por el Gobierno Central no nos suele tocar prácticamente nada); con el modelo “catalán”, que prima el porcentaje de participación en el PIB, nuestra Comunidad perdería un 36% de estas inversiones, mientras que con el modelo “andaluz” que apuesta por la población, Castilla y León vería recortadas sus inversiones estatales en un 34%. Es indignante que nuestros responsables públicos autonómicos, conocedores de estos hechos, hayan sido incapaces de articular un frente común con comunidades más beligerantes de la España Interior, como Aragón. El modelo financiero aragonés, que tienen en cuenta variables como territorio, despoblación, envejecimiento, dispersión, orografía, espacios naturales y patrimonio, aplicado a Castilla-León supondría unas inversiones equivalentes a 4.000 millones de euros ¡el doble de lo que se nos asigna actualmente!.

Son malos tiempos para la lírica en Castilla y León; sufriremos nuevos recortes en los fondos agrarios, las ayudas europeas desaparecerán, la financiación autonómica disminuirá drásticamente nuestros recursos, hemos rehusado reclamar nuestra Deuda Histórica, aceptamos pasivamente el agravio diferencial y la competencia desleal de los regímenes forales de País Vasco y Navarra, se han dotado de forma insuficiente las transferencias educativas y sanitarias. ¿Alguien cree todavía que no nos hace falta un partido castellanista fuerte en esta tierra?.