Recientemente, el Área de Economía e Infraestructuras de la Agrupación Provincial en Burgos del PARTIDO DE CASTILLA Y LEÓN (PCAL-Burgos) ha analizado el impacto económico que la implantación en Burgos de la Capital de la Lengua tendría para la ciudad, cuantificando los retornos económicos a la ciudad en 125 millones de euros anuales, cifra que crecería hasta los 150 millones de euros para 2018, y supondría además la creación de más de 500 empleos fijos en el sector cultural y turístico. Estas cifras denotan que la Lengua Castellana, entendida como industria cultural de pujante futuro es un tren económico que ni Burgos ni el conjunto de Castilla y León debe dejar perder. Se trata además de una actividad económica no contaminante, ni sucia, que requiere modestas inversiones iniciales y que profundiza en un ámbito económico vinculado con la cultura y las nuevas tecnologías que deben ser uno de los motores para la salida de la crisis económica en Burgos y Castilla y León.
La configuración de Burgos como Capital de la Lengua Castellana, contribuiría a juicio de los castellanistas burgaleses, a desarrollar iniciativas de dinamización económica y creación de empleo vinculadas a los vectores de desarrollo singulares de la Comunidad de Castilla y León como son el Patrimonio Cultural, el Medio Natural y la Lengua Castellana.
La cuantificación del impacto económico de convertir a Burgos en la Capital de la Lengua Castellana, se estructura, a nuestro juicio, en los retornos económicos de las siguientes propuestas:
Hacer de Burgos una ciudad referencia de la enseñanza del castellano a extranjeros, atrayendo a nuestra ciudad aproximadamente unos 20.000 estudiantes anuales (el 8,3% del total que llegan a España actualmente), con un crecimiento anual del 10%, y un impacto económico de 40 millones de euros anuales en la ciudad.
Convertir Burgos en el lugar de referencia en la formación de profesores de lengua castellana, tanto a través de las Escuelas de Idiomas existentes, de la Universidad de Burgos y del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, formando a 1000 profesores anualmente, con un impacto económico anual en la ciudad de Burgos de 20 millones de euros.
Recuperar el protagonismo histórico de Burgos en la edición de libros de texto en castellano, tanto para el aprendizaje de estudiantes de nuestro país como de estudiantes extranjeros, tanto en formato de papel como en formato electrónico, creando y potenciando la marca “impreso en Burgos, la cuna del castellano”, como distintivo de calidad en el mundo de la edición, con un impacto económico en Burgos que podría situarse en los 10 millones de euros anuales.
Potenciar la figura del turismo cultural “El turismo del Castellano” a través de rutas literarias de autores y de obras y de lugares históricos vinculados a la Lengua, que especialmente articularían el territorio provincial, a través de rutas que crearan actividad económica y empleo en un medio rural atenazado por la despoblación y el envejecimiento, con un impacto económico puede cifrarse en unos 12 millones de euros anuales. Desde el PCAL-Burgos se proponen en concreto las siguientes rutas: Los orígenes de la Lengua (Valpuesta, Taranco Oña y norte de Burgos), el Mío Cid (Vivar, Burgos, Cardeña, Ruta del Destierro,…), Fernán González y Los Infantes de Lara (Tierras de Lara, Covarrubias, Arlanza, Salas de los Infantes, Sierra de Burgos), la Generación del 98 en Burgos (Baroja, Azorín, Manuel y Antonio Machado, Unamuno,...), los Monasterios de la Lengua (Silos, Lerma, Caleruega, La Vid), o la ruta de los Escritores de la segunda mitad del siglo XX (Delibes, Ridruejo,…).
Posicionar a Burgos, como Capital Oficial de la Lengua Castellana, como sede de Congresos de Lengua y Literatura Castellana, en el ámbito de la docencia y de la investigación, a nivel nacional e internacional. La próxima finalización del Palacio de Congresos y Auditorio de Burgos puede relanzar este protagonismo para nuestra ciudad. La realización en esta temática de cuatro grandes congresos anuales y de otros diez de dimensiones medias o pequeñas generaría en Burgos la presencia anual de unos 8.000 congresistas anuales, con un impacto económico de 8 millones de euros anuales.
El impacto sobre el sector cultural, hostelero y turístico de Burgos y su provincia, como consecuencia de la declaración de Burgos como capital de la Lengua Castellana sería extraordinariamente positivo y reforzaría las sinergias con los otros vectores de atracción de turistas a nuestra ciudad (Catedral, Camino de Santiago, Yacimientos de Atapuerca y Museo de la Evolución, Turismo Cultural, Monumental, Natural, Cinegético y Gastronómico). Un incremento de 100.000 turistas al año en el número de visitantes a nuestra ciudad y provincia, generaría unos retornos económicos de 25 millones de euros.
Otro aspecto complementario, pero de indudable trascendencia económica sería materializar la propuesta del PARTIDO DE CASTILLA Y LEÓN (PCAL-Burgos) de Crear la Consejería de la Lengua Castellana, y ubicarla en Burgos, como reconocimiento a la importancia de la Lengua en nuestra Comunidad y para coordinar todas las actuaciones en esta materia, como primer avance de un reclamado proceso de descentralización administrativa de las instituciones de la Junta de Castilla y León como camino a la vertebración social y territorial de la Comunidad Autónoma. Desde el PCAL-Burgos se reclama una Consejería “a coste cero”, unificando y coordinando servicios actualmente dispersos en la promoción del castellano, en las Consejerías de Economía, Cultura, Educación, Turismo y Promoción Exterior, trasladando de forma voluntaria a los empleados públicos que trabajan en estos ámbitos a esa nueva Consejería con sede en Burgos.
El castellano es hablada, como primera lengua, por más de 440 millones de personas en todo el Mundo, es lengua oficial en 18 países y co-oficial en otros tres, y es la segunda lengua más estudiada en todo el mundo, por detrás del inglés. Su enseñanza a extranjeros genera al año en España un volumen de negocio de 462 millones de euros y da empleo estable a 5.500 personas, que aumentan hasta 9.500 los meses de verano, y es una industria que atrae a 240.000 extranjeros al año a España, y con enorme potencial de crecimiento por la creciente difusión que el castellano experimenta en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos y Brasil.
Nuestra lengua cotiza, por tanto al alza, cada vez atrae a más personas, y genera más rentabilidades económicas, culturales y socio-políticas. Desgraciadamente, Castilla y León, con la excepción de Salamanca, no ha sabido pilotar su protagonismo en la enseñanza de la Lengua Castellana, que creó y desarrolló social, cultural y literariamente. Burgos, donde se escribieron los Cartularios de Valpuesta en el 804, donde surgió la palabra Castilla en el 800, donde, se crearon las Glosas Silenses, donde el Romancero alcanzó su máxima expresión (Poema del Mío Cid, Poema de Fernán González, Poema de los Siete Infantes de Lara, La Celestina,...), no puede ser ajena a esta industria cultural emergente, que generaría espectaculares sinergias con nuestros Patrimonios de la Humanidad (Camino de Santiago, Catedral de Burgos, yacimientos de Atapuerca), con el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, con la Universidad de Burgos y con nuestra candidatura a Capitalidad Europea de la Cultura 2016.
martes, 23 de noviembre de 2010
PCAL-BURGOS PROPONE UNA BATERÍA DE PROPUESTAS CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE BURGOS
Los castellanistas plantean a Aparicio y a Escribano, que suscriban un COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN de los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE contra la corrupción en Burgos.
La sociedad se encuentra manifiestamente alarmada por los numerosos casos de corrupción política que salpican a diario los medios de comunicación y que especialmente se centran en las instituciones municipales; así en los últimos años, más de cien ayuntamientos, fundamentalmente gobernados por PP y PSOE están siendo investigados por prácticas presuntamente corruptas, especialmente relacionadas con la especulación urbanística. En la actualidad, en torno a 800 cargos públicos municipales (mayoritariamente del PSOE y del PP) están siendo investigados por la Fiscalía General del Estado por la presunta comisión de delitos relacionados con la corrupción. "Operación Malaya", "Operación Pretoria", "Caso Gürtel" o "Operación Brugal" entre otras, copan la actualidad informativa, afectan a decenas de cargos públicos cada una de ellas, y suponen un movimiento de cientos de millones de euros. Casos que afectan a Andalucía, Murcia, Madrid, Cataluña, Valencia y, también desgraciadamente a Castilla y León.
Para el PARTIDO DE CASTILLA Y LEÓN (PCAL-Burgos) la corrupción en el ámbito de la política municipal supone un desmoronamiento del sistema democrático, una profunda ineficacia y un agudo descreimiento de la confianza ciudadana en el funcionamiento del sistema. En Burgos las recalificaciones salvajes de suelo, el escándalo del cobro de dinero negro en las adjudicaciones de viviendas de protección oficial, los presuntos beneficios personales de concejales en el ejercicio de su cargo, las contrataciones generalizadas de personal de libre designación, el oscurantismo en concursos y adjudicaciones públicas, o la opacidad de los políticos profesionales para hacer públicos sus bienes, están creando una alarma social importante, así como un descreimiento generalizado de la ciudadanía respecto al ámbito político público.
Desde esta formación castellanista burgalesa se propone la creación de un Observatorio Anti-Corrupción en la ciudad de Burgos, que ataje estas prácticas, potencie la transparencia de las decisiones municipales a los ojos de la ciudadanía y extienda un código ético de buenas prácticas en la gestión económica del Ayuntamiento, especialmente en los ámbitos relacionados con el urbanismo, las contrataciones de servicios y de personal, y la resolución de concursos y adjudicaciones. Burgos desgraciadamente figura entre las ciudades españolas donde mayor número de quejas no resueltas se plantean ante el Defensor del Pueblo y el procurador del Común, que figura en los puestos de cola de las ciudades españolas en los índices de transparencia de la Gestión Municipal (puesto 97 de 110) y donde la participación ciudadana y el control vecinal a las decisiones municipales es de los más bajos de España.
Desde el PARTIDO DE CASTILLA Y LEÓN (PCAL-Burgos) planteamos a los líderes de las dos principales formaciones municipales, Aparicio y Escribano, que suscriban los siguientes compromisos anti-corrupción para la ciudad de Burgos:
1.- Creación de un Observatorio Municipal contra la Corrupción en el Ayuntamiento de Burgos, formado por representantes de los partidos políticos, del tejido asociativo (Asociaciones de Vecinos y Sindicatos), y de la sociedad (Universidad, Colegios de Arquitectos, Aparejadores y Abogados), que conozca, analice e informe las contrataciones municipales, los pliegos de condiciones, las subastas y concursos, las adjudicaciones y las actuaciones urbanísticas que supongan la generación de plusvalías económicas.
2.- Creación de un Registro de Intereses, público y actualizado anualmente que afecte a los cargos políticos del Ayuntamiento y a los altos técnicos que participen o informen los procesos de contratación y adjudicación. Aplicación a los concejales de un régimen de incompatibilidades, incluyendo un periodo de cuatro años de carencia para que un concejal pueda ejercer una actividad privada vinculada a su cargo. Se trataría por ejemplo de evitar que un responsable de urbanismo sea fichado luego por una constructora.
3.- Se potenciarán todos los mecanismos de transparencia en el ámbito de las contrataciones municipales. Así:
- Los pliegos para la realización de concursos, subastas y contrataciones estarán a disposición de todos los ciudadanos y sus asociaciones, y se colgarán en la web del Ayuntamiento.
- Se tenderá a la desaparición del procedimiento de Concurso a favor de la Subasta para la Adjudicación de obras y contrataciones municipales.
- Las desviaciones en el coste de las contrataciones municipales que superen el 10% en cuantías de hasta 25.000 € o el 5% en adjudicaciones de más de 25.000 € no serán aceptadas y se obligará a la convocatoria de un nuevo concurso o subasta.
- La adjudicación de viviendas de VPO en el término municipal de Burgos se realizará directamente por el Ayuntamiento en base a criterios objetivos y públicos.
- Facilitar el ejercicio de la acción pública a las asociaciones entre cuyos fines se encuentran la defensa de la legalidad, del territorio y/o del medio natural, así como la exigencia de responsabilidad a los miembros de dichos tribunales y fiscalías si hicieran dejación de las funciones encomendadas.
- Promoción de la participación pública en los procedimientos administrativos, facilitando el acceso a la información de las normas, planeamiento municipal y de todo tipo de proyectos de construcción, así como de los informes técnicos y jurídicos que lo justifican, implementando la posibilidad de que la ciudadanía se pronuncie mediante consulta popular sobre los proyectos importantes del municipio.
4.- Compromiso político de un pacto anticorrupción, que incluya la destitución inmediata de cualquier cargo electo o de libre designación, que esté imputado, procesado o condenado por la justicia. Compromiso de los partidos de que las personas que hayan sido condenadas por delitos relacionados con la corrupción, serán excluidas de sus cargos públicos. Modificación legal para hacer responsable económico directo a los cargos públicos que aprueben planes u obras ilegales, y a los técnicos que las informen favorablemente. Exigir el pago de los gastos de su defensa a los cargos públicos que sean condenados, al margen de sus responsabilidades penales.
5.- Eliminación de las contrataciones de personal por el procedimiento de libre designación, que politiza el desempeño de determinados puestos de la administración local, frena la promoción de los empleados públicos municipales, supone un elevado sobre coste para las arcas del Ayuntamiento (2 millones de euros anuales), y es la puerta de acceso para que se tomen medidas desde el Ayuntamiento contrarias a la ley. En la actualidad hay más de 25 puestos de libre designación en el Ayuntamiento de Burgos, y periódicamente, diversas sentencias judiciales han anulado la presencia de puestos de libre designación en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Burgos.
5.- Medidas para luchar contra la corrupción en el ámbito urbanístico:
- Prohibición de la realización de los convenios urbanísticos, que supongan la enajenación de suelo municipal a cambio de determinadas prestaciones o servicios, al tratarse de puras compraventas de recalificaciones urbanísticas.
- Prohibición de venta de los aprovechamientos urbanísticos de los Ayuntamientos y de suelos públicos para usos que sean equipamientos públicos o viviendas protegidas.
- Prohibición de Modificaciones Puntuales que tengan por objeto reclasificar suelos no urbanizables a urbanizables, o recalificar suelos terciarios, industriales, de equipamientos, zonas verdes... a usos residenciales.
- Obligatoriedad de construcción de los equipamientos con carácter previo a los desarrollos inmobiliarios.
6.- Otras medidas anticorrupción relacionadas con la ordenación del territorio:
- El crecimiento urbanístico de las localidades del Alfoz debe tener un límite legal, en base a las necesidades de vivienda protegida y de equipamientos públicos. No permitir a ningún Ayuntamiento del Alfoz reclasificaciones y/o recalificaciones que supongan más de un 50% de aumento de viviendas y suelo urbano/urbanizable por cada década, con la única excepción de las necesidades de vivienda protegida.
- Los crecimientos urbanísticos deben realizarse como ampliación de los actuales núcleos urbanos, recogiendo estrictamente la filosofía al respecto de las Directrices Generales de Ordenación, prohibiendo las urbanizaciones segregadas de los núcleos urbanos, y garantizando el cumplimiento integral de la prestación de servicios a sus residentes (educación, sanidad, comunicaciones, abastecimiento de aguas, depuración de aguas residuales, dotaciones de ocio y deporte, transporte público,...).
- Exigencia de certificación de la legalidad de las inversiones antes de aprobar cualquier plan urbanístico o licencia de obras para impedir el blanqueo de dinero.
- Solo se procederá a las recalificaciones de suelo, generando suelo urbanizable residencial, en las cuales se garantice a la administración municipal la propiedad de al menos el 50% de su superficie.
La sociedad se encuentra manifiestamente alarmada por los numerosos casos de corrupción política que salpican a diario los medios de comunicación y que especialmente se centran en las instituciones municipales; así en los últimos años, más de cien ayuntamientos, fundamentalmente gobernados por PP y PSOE están siendo investigados por prácticas presuntamente corruptas, especialmente relacionadas con la especulación urbanística. En la actualidad, en torno a 800 cargos públicos municipales (mayoritariamente del PSOE y del PP) están siendo investigados por la Fiscalía General del Estado por la presunta comisión de delitos relacionados con la corrupción. "Operación Malaya", "Operación Pretoria", "Caso Gürtel" o "Operación Brugal" entre otras, copan la actualidad informativa, afectan a decenas de cargos públicos cada una de ellas, y suponen un movimiento de cientos de millones de euros. Casos que afectan a Andalucía, Murcia, Madrid, Cataluña, Valencia y, también desgraciadamente a Castilla y León.
Para el PARTIDO DE CASTILLA Y LEÓN (PCAL-Burgos) la corrupción en el ámbito de la política municipal supone un desmoronamiento del sistema democrático, una profunda ineficacia y un agudo descreimiento de la confianza ciudadana en el funcionamiento del sistema. En Burgos las recalificaciones salvajes de suelo, el escándalo del cobro de dinero negro en las adjudicaciones de viviendas de protección oficial, los presuntos beneficios personales de concejales en el ejercicio de su cargo, las contrataciones generalizadas de personal de libre designación, el oscurantismo en concursos y adjudicaciones públicas, o la opacidad de los políticos profesionales para hacer públicos sus bienes, están creando una alarma social importante, así como un descreimiento generalizado de la ciudadanía respecto al ámbito político público.
Desde esta formación castellanista burgalesa se propone la creación de un Observatorio Anti-Corrupción en la ciudad de Burgos, que ataje estas prácticas, potencie la transparencia de las decisiones municipales a los ojos de la ciudadanía y extienda un código ético de buenas prácticas en la gestión económica del Ayuntamiento, especialmente en los ámbitos relacionados con el urbanismo, las contrataciones de servicios y de personal, y la resolución de concursos y adjudicaciones. Burgos desgraciadamente figura entre las ciudades españolas donde mayor número de quejas no resueltas se plantean ante el Defensor del Pueblo y el procurador del Común, que figura en los puestos de cola de las ciudades españolas en los índices de transparencia de la Gestión Municipal (puesto 97 de 110) y donde la participación ciudadana y el control vecinal a las decisiones municipales es de los más bajos de España.
Desde el PARTIDO DE CASTILLA Y LEÓN (PCAL-Burgos) planteamos a los líderes de las dos principales formaciones municipales, Aparicio y Escribano, que suscriban los siguientes compromisos anti-corrupción para la ciudad de Burgos:
1.- Creación de un Observatorio Municipal contra la Corrupción en el Ayuntamiento de Burgos, formado por representantes de los partidos políticos, del tejido asociativo (Asociaciones de Vecinos y Sindicatos), y de la sociedad (Universidad, Colegios de Arquitectos, Aparejadores y Abogados), que conozca, analice e informe las contrataciones municipales, los pliegos de condiciones, las subastas y concursos, las adjudicaciones y las actuaciones urbanísticas que supongan la generación de plusvalías económicas.
2.- Creación de un Registro de Intereses, público y actualizado anualmente que afecte a los cargos políticos del Ayuntamiento y a los altos técnicos que participen o informen los procesos de contratación y adjudicación. Aplicación a los concejales de un régimen de incompatibilidades, incluyendo un periodo de cuatro años de carencia para que un concejal pueda ejercer una actividad privada vinculada a su cargo. Se trataría por ejemplo de evitar que un responsable de urbanismo sea fichado luego por una constructora.
3.- Se potenciarán todos los mecanismos de transparencia en el ámbito de las contrataciones municipales. Así:
- Los pliegos para la realización de concursos, subastas y contrataciones estarán a disposición de todos los ciudadanos y sus asociaciones, y se colgarán en la web del Ayuntamiento.
- Se tenderá a la desaparición del procedimiento de Concurso a favor de la Subasta para la Adjudicación de obras y contrataciones municipales.
- Las desviaciones en el coste de las contrataciones municipales que superen el 10% en cuantías de hasta 25.000 € o el 5% en adjudicaciones de más de 25.000 € no serán aceptadas y se obligará a la convocatoria de un nuevo concurso o subasta.
- La adjudicación de viviendas de VPO en el término municipal de Burgos se realizará directamente por el Ayuntamiento en base a criterios objetivos y públicos.
- Facilitar el ejercicio de la acción pública a las asociaciones entre cuyos fines se encuentran la defensa de la legalidad, del territorio y/o del medio natural, así como la exigencia de responsabilidad a los miembros de dichos tribunales y fiscalías si hicieran dejación de las funciones encomendadas.
- Promoción de la participación pública en los procedimientos administrativos, facilitando el acceso a la información de las normas, planeamiento municipal y de todo tipo de proyectos de construcción, así como de los informes técnicos y jurídicos que lo justifican, implementando la posibilidad de que la ciudadanía se pronuncie mediante consulta popular sobre los proyectos importantes del municipio.
4.- Compromiso político de un pacto anticorrupción, que incluya la destitución inmediata de cualquier cargo electo o de libre designación, que esté imputado, procesado o condenado por la justicia. Compromiso de los partidos de que las personas que hayan sido condenadas por delitos relacionados con la corrupción, serán excluidas de sus cargos públicos. Modificación legal para hacer responsable económico directo a los cargos públicos que aprueben planes u obras ilegales, y a los técnicos que las informen favorablemente. Exigir el pago de los gastos de su defensa a los cargos públicos que sean condenados, al margen de sus responsabilidades penales.
5.- Eliminación de las contrataciones de personal por el procedimiento de libre designación, que politiza el desempeño de determinados puestos de la administración local, frena la promoción de los empleados públicos municipales, supone un elevado sobre coste para las arcas del Ayuntamiento (2 millones de euros anuales), y es la puerta de acceso para que se tomen medidas desde el Ayuntamiento contrarias a la ley. En la actualidad hay más de 25 puestos de libre designación en el Ayuntamiento de Burgos, y periódicamente, diversas sentencias judiciales han anulado la presencia de puestos de libre designación en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Burgos.
5.- Medidas para luchar contra la corrupción en el ámbito urbanístico:
- Prohibición de la realización de los convenios urbanísticos, que supongan la enajenación de suelo municipal a cambio de determinadas prestaciones o servicios, al tratarse de puras compraventas de recalificaciones urbanísticas.
- Prohibición de venta de los aprovechamientos urbanísticos de los Ayuntamientos y de suelos públicos para usos que sean equipamientos públicos o viviendas protegidas.
- Prohibición de Modificaciones Puntuales que tengan por objeto reclasificar suelos no urbanizables a urbanizables, o recalificar suelos terciarios, industriales, de equipamientos, zonas verdes... a usos residenciales.
- Obligatoriedad de construcción de los equipamientos con carácter previo a los desarrollos inmobiliarios.
6.- Otras medidas anticorrupción relacionadas con la ordenación del territorio:
- El crecimiento urbanístico de las localidades del Alfoz debe tener un límite legal, en base a las necesidades de vivienda protegida y de equipamientos públicos. No permitir a ningún Ayuntamiento del Alfoz reclasificaciones y/o recalificaciones que supongan más de un 50% de aumento de viviendas y suelo urbano/urbanizable por cada década, con la única excepción de las necesidades de vivienda protegida.
- Los crecimientos urbanísticos deben realizarse como ampliación de los actuales núcleos urbanos, recogiendo estrictamente la filosofía al respecto de las Directrices Generales de Ordenación, prohibiendo las urbanizaciones segregadas de los núcleos urbanos, y garantizando el cumplimiento integral de la prestación de servicios a sus residentes (educación, sanidad, comunicaciones, abastecimiento de aguas, depuración de aguas residuales, dotaciones de ocio y deporte, transporte público,...).
- Exigencia de certificación de la legalidad de las inversiones antes de aprobar cualquier plan urbanístico o licencia de obras para impedir el blanqueo de dinero.
- Solo se procederá a las recalificaciones de suelo, generando suelo urbanizable residencial, en las cuales se garantice a la administración municipal la propiedad de al menos el 50% de su superficie.
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